La decisión del Gobierno de no prorrogar el plan de regularización impactó de lleno en el acceso a nuevas jubilaciones. La mayoría de los beneficiarios históricos ingresó con aportes incompletos, en un contexto marcado por la informalidad laboral.
El sistema previsional registró un fuerte retroceso en la cantidad de nuevas jubilaciones durante el inicio del año. En el primer trimestre se otorgaron 52.192 altas, con una caída del 43% frente al mismo período de 2025 y del 55% respecto de 2024. El dato reflejó un cambio brusco tras la finalización del esquema que permitía regularizar aportes no realizados.
Ese mecanismo, incluido en la ley 27.705, rigió hasta el 23 de marzo de 2025. Permitía completar los años de aportes exigidos mediante un plan de pagos que se descontaba del haber mensual. El Congreso fijó de antemano su fecha de vencimiento y el gobierno de Javier Milei decidió no extender su vigencia.
La consecuencia fue inmediata. Menos personas lograron cumplir con los requisitos para jubilarse dentro del régimen general, que exige una edad mínima —60 años para mujeres y 65 para varones— y al menos 30 años de aportes.
Durante el primer trimestre del año, el 44% de quienes accedieron a una jubilación utilizó algún esquema de regularización. El porcentaje quedó muy por debajo de años anteriores. Entre enero y marzo de 2025, las altas llegaron a 91.577 y el 72,2% incluyó moratoria. En el mismo período de 2024, el total alcanzó 115.757 casos, con un 76,2% bajo ese sistema.
El peso de estos planes había sido determinante en los últimos años. En 2023, el 81% de las nuevas jubilaciones se explicó por mecanismos de regularización, mientras que en 2024 ese nivel fue del 73%. La tendencia comenzó a bajar en 2025, cuando el esquema ya transitaba su etapa final.
El impacto de las moratorias expuso un problema estructural. La dificultad para completar los aportes respondió a una economía con alta informalidad laboral y a la presencia de empleos con contribuciones muy bajas. Esto generó que una gran parte de la población dependiera de herramientas excepcionales para acceder a un ingreso previsional.
En la actualidad, sigue vigente un régimen más antiguo, establecido por la ley 24.476. Permite regularizar deudas previsionales, aunque solo para períodos previos a 1993. Su alcance resulta cada vez más limitado con el paso del tiempo.
También se mantiene un sistema de compra de aportes para personas que aún están en actividad y a menos de diez años de la edad jubilatoria. Este esquema permite adquirir meses faltantes, con valores actualizados por inflación. Sin embargo, no resuelve la situación de quienes ya alcanzaron la edad requerida sin cumplir con los años de contribuciones.
En ese escenario, muchos optaron por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio, equivalente al 80% del haber mínimo, no exige aportes pero sí una evaluación socioeconómica. En marzo se pagaron más de 210 mil prestaciones bajo esta modalidad.
Los datos oficiales mostraron además que el sistema sigue dominado por las jubilaciones con aportes incompletos. De más de 5,8 millones de jubilaciones liquidadas, el 68,2% incluyó algún tipo de regularización, mientras que solo el 31,8% correspondió a trayectorias laborales con aportes completos.
El cuadro se repitió entre quienes perciben el haber mínimo. Cerca del 90% accedió a ese ingreso mediante moratorias, lo que evidenció el peso que tuvieron estos mecanismos en la expansión de la cobertura previsional.
El debate sobre el futuro del sistema quedó abierto. Desde el oficialismo se mencionó la posibilidad de avanzar hacia esquemas proporcionales, que contemplen los años efectivamente aportados. Sin embargo, esa alternativa no avanzó en el Congreso.
El final de la moratoria dejó al descubierto una tensión de fondo: un régimen previsional rígido frente a un mercado laboral que no garantiza aportes suficientes para una gran parte de la población.
Por la Noticiaweb
